Los riesgos medioambientales de la interrupción de la actividad

Los acontecimientos de 2020 han provocado una gran confusión en las empresas. Los niveles de demanda han fluctuado con el consiguiente efecto en la producción. Algunas empresas se han visto en la tesitura de tener que ampliar rápidamente sus actividades, lo que, a su vez, conlleva sus propios riesgos.

Otras han tenido que reducir la producción o, en casos extremos, cesar temporalmente sus actividades. Esta sensación de incertidumbre, acompañada de los cambios en los criterios y requisitos de los gobiernos, ha provocado una serie de trastornos y ha aumentado el potencial de las obligaciones medioambientales.

Tres fases clave

Al abordar estos riesgos, los procedimientos en caso de interrupción de la actividad son fundamentales. Se trata de un proceso en el que se planifica lo que ocurre cuando la empresa entra en un estado de inactividad. Se trata de asegurarse de que los sistemas se desactivan correctamente, de que las tuberías, los depósitos y otros equipos se drenan o aíslan, de que los productos químicos, los residuos y los posibles contaminantes se eliminan correctamente, y de que los procesos de control críticos se ponen en marcha antes de iniciar la siguiente fase.

En la segunda fase, el estado de inactividad es donde el nivel de riesgo puede ser más acusado. Habrá menos empleados en las instalaciones, lo que puede reducir el nivel de vigilancia. Si se producen fugas o un mal funcionamiento de los equipos, es posible que se tarde más tiempo en detectarlos y subsanarlos, lo que podría aumentar la gravedad de los daños causados. Del mismo modo, los fenómenos meteorológicos adversos podrían dañar los elementos eléctricos, aumentando el riesgo de contaminación medioambiental.

La seguridad en las instalaciones inactivas es fundamental. Se sabe que una planta inactiva es un atractivo para los intrusos y el vandalismo, lo que aumenta el riesgo de incendios provocados o el vertido ilegal de residuos peligrosos. Sin embargo, durante la interrupción de la actividad, es importante que se siga llevando a cabo el mantenimiento necesario. De hecho, este periodo puede ser el momento idóneo para realizar comprobaciones y revisiones.

La última fase es la puesta en marcha. Durante esta fase, si algún elemento se pasó por alto o se desconectó de forma inadecuada en el inicio, los efectos resultantes en la puesta en marcha pueden agravarse. Por ejemplo, si las líneas o los tanques no se drenaron completamente, puede producirse corrosión, lo que aumenta el riesgo potencial de fugas, derrames o reacciones químicas no deseadas durante el proceso.

El éxito de estas tres fases clave requiere la adopción de procedimientos formales y la formación adecuada del personal.

Alcance de los sectores expuestos

Es importante tener en cuenta que estos riesgos no solo se materializan en el caso de una interrupción total. La reducción de la producción puede suponer un riesgo igual o mayor para la actividad. En varios sectores, las empresas se enfrentan al riesgo de una posible responsabilidad medioambiental derivada de los daños causados por la interrupción o la reducción de la actividad. Las grandes empresas del sector energético son un ejemplo. Los fabricantes también se enfrentan a amenazas. Las empresas más pequeñas se enfrentan a los mismos riesgos y puede que no estén tan bien preparadas o no tengan la planificación y la infraestructura adecuadas para gestionar las operaciones de interrupción, parada y puesta en marcha.

Aprovechar el momento

Las empresas de todos los tamaños deberían aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre sus procedimientos de continuidad de la actividad y asegurarse de que están preparadas para las interrupciones de la actividad que puedan surgir en el futuro. Es fundamental conocer a fondo los riesgos a los que se enfrentan y las posibles deficiencias de los seguros. Algunas pólizas tendrán una redacción específica relacionada con las plantas sin actividad, mientras que otras contendrán exclusiones por cese temporal de la actividad. Las aseguradoras y los corredores deben colaborar con los asegurados para garantizar la continuidad de la cobertura y la existencia de sistemas adecuados de gestión de riesgos.